¿Fiscalidad confiscatoria?

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Es recurrente la discusión sobre si pagamos pocos o muchos impuestos. Tratar de dar una respuesta absoluta es ciertamente complicado. No sólo se trata de una cuestión relativa entre ciudadanos, incluso entre países, es que además dependerá de los servicios que se obtengan por parte de la Administración. 

Una cuestión, muy distinta, es que utilicemos sin más los parámetros que nos brindan, de vez en cuando, los políticos de turno. Lo más usual es que se refieran a la llamada “Presión fiscal” y hagan mención a si hay más o menos países con menor presión fiscal. 

Nos dicen que la presión fiscal en España es de la más bajas de Europa. En concreto, según datos de Eurostat en 2016 un 34,1% frente a la media de la Unión Europea que fue de un 41,3%. Según dicha información somos unos verdaderos privilegiados.

Pero vayamos despacio que con las estadísticas que es muy fácil cometer errores de bulto. Como decía George Bernard Shaw “la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno los dos tenemos uno”. 

De momento el porcentaje de presión fiscal se obtiene como división entre lo recaudado por la administración y el PIB de un periodo de tiempo dado. Es decir, es la división entre los ingresos que obtiene el Estado, vía impuestos, tasas, tributos, etc dividido por el valor monetario de todos los bienes producidos y servicios prestados durante dicho espacio temporal.

Vendría a ser como el porcentaje de la producción que se queda el Estado para sus cosas. Alguno podría pensar que el 34,1% no parece un porcentaje exagerado. Bien, es posible pero hay que hacer algunas matizaciones adicionales. Por lo pronto el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país (PIB) se refiere a lo que han producido las empresas (multinacionales, pymes o autónomos) y no a las rentas que han recibido los ciudadanos de un país. Según Eurostat del 34,1% sólo el 2,3% procede de los impuestos por Sociedades. Y ya digo que subir los impuestos a las empresas (grandes, pequeñas o autónomos) es hacer muy mal negocio ya que son las que generan puestos de trabajo y riqueza. 

No nos queda más remedio que asumir que la presión fiscal sobre las rentas generadas por los ciudadanos en un período de tiempo (sean del tipo que sean, trabajo, pensión, rentas de capital o loterías del Estado) debe ser bastante mayor que el referido 34,1%.

 Unos pocos números serán suficientes: 

La retención, que asumiremos como una buena aproximación al tipo medio real, de un sueldo de más de 35.000€ es del 37%. Es decir, nos quedamos con el 73%, 25.550€. Pero antes de ingresarlos en la cuenta bancaria tendremos que pagar la Seguridad Social (no voy a entrar en la carga para las empresas aun cuando seguramente lo que ahora pagan lo podrían dedicar, aun en parte, a mejorar los salarios). Para evitarnos problemas tomaremos la cuota media de autónomos para 2019 que es de 283€ al mes. Luego doce cuotas serán 3.396€. Nos queda 22.154 €. Bien, es lo que podemos gastar al año.

No estimado amigo. No es lo que podemos gastar en nuestro disfrute personal. 

Cada producto que compremos estará grabado por el IVA. Es decir, el precio del producto que compramos está incrementado en un 21%. Cierto que hay productos con IVA reducido con un 4% (considerados de primera necesidad) y otros con el 10% pero, la realidad es que los productos con IVA reducido son la excepción. Para no andar con discusiones estériles dejaremos un IVA medio del 18% (siendo extremadamente generoso). En tal caso lo que tendremos disponible, realmente, será el 82% de lo neto recibido en nuestra cuenta corriente, es decir 18.166€.

Claro que no se acaban aquí las desdichas. Si sólo fuera el IRPF, la Seguridad Social y el IVA seríamos unos ricachones en potencia. Para evitar malas tentaciones y gastos superfluos el Estado ha encontrado otro nicho de ingresos, los impuestos especiales. Parecen un ente del más allá y, además, no aparecen como impuestos por ningún lado. No se encuentran en las retenciones en nómina, no aparecen en ningún tipo de factura y nadie los ha podido ver. Pero no son peccata minuta. Todos han oído hablar de los impuestos especiales a los hidrocarburos que suponen más de 50% del precio que paga el consumidor y, evidentemente, no sólo lo pagamos cuando llenamos el depósito de nuestro vehículo lo pagamos por cualquier producto que haya sido transportado hasta el punto de venta (el precio de venta incluido el coste del transporte, no podría ser de otra forma). Pero si nos vamos a los recibos de la luz se puede comprobar que casi un 60% de lo que paga el consumidor final son impuestos. No necesitaré calcular cuanto de estos impuestos están repercutidos a los productos finales que los ciudadanos adquieren pero ya anticipo que será el 100%

Como somos muy comedidos en el gasto podemos pensar que en gasolina y energía se gastan sólo 100€ mensuales (es decir 1.200 al año) como el 50% son impuestos tendremos que nuestros 18.166€ se vuelven a reducir y se quedan en 17.566€. Como estoy rumboso no voy a cuantificar las cargas fiscales de la energía transferidas por los productores en sus productos que, ya digo, no serán inferiores al 2% del valor de todos los servicios y productos que compramos. 

Pero ya hemos acabado. Pues no. Nos quedan las tasas y tributos municipales. Tasas de circulación, tasas de recogidas de basuras e IBI son los principales pero no los únicos. Tasas por utilización de la vía pública, por recogida especial de basura o multas de tráfico.

No quisiera extenderme pero hay otro sinfín de métodos de recaudación que por no ser tan generalizados se suelen olvidar. No son pocos:

  • Tasas por actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales

  • Impuesto municipal sobre actividades económicas

  • Impuestos sobre instalaciones, construcciones y obras

  • Impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

  • Impuestos sobre las bebidas alcohólicas

  • Impuestos sobre el tabaco

  • Tasas académicas

  • Impuestos aduaneros (lo pagamos en el precio final de producto incrementado)

  • Tasas variadas por renovar el DNI o el pasaporte, obtener algún certificado o hacer cualquier tipo de trámite especial en la Administración -incluidos servicios de bomberos- 

Me resulta imposible hacer una evaluación de lo que puede suponer, en media, esta interminable lista de tasas e impuestos. Pero asumiendo que alguna cerveza se tomará el más abstemio (con el impuesto sobre las bebidas con azúcar tratarán de ser más equitativos) o copita de cava en Navidades, alguna vez se tendrá que renovar el DNI o el pasaporte, alguna vez firmará una hipoteca (con su consecuente carga impositiva) pagará al año su tasa de circulación, ITV incluida, pagará alguna tasa de basuras (o su casero que para el caso es lo mismo) y el correspondiente IBI, amén de ser pillado por los radares y crucificado con alguna que otra multa, o pasarse media hora en el estacionamiento vigilado, voy a suponer uno 2.000€ al año (estoy que lo regalo). Nos quedan, por consiguiente: 15.566€ de nuestro sueldo original de 35.000. 

No hay que hacer complejas integrales. El Estado se ha quedado con 19.434€. Se ha metido al bolsillo el 55% de los ingresos. Esto es la verdadera presión fiscal que, en mi modesta opinión, es pura confiscación. Pero no es que se quede con más de la mitad de la renta de la mayoría de los ciudadanos es que, además, no tiene suficiente y necesita endeudarse año tras año. 

Hay que señalar que me estoy refiriendo al porcentaje de presión fiscal y no, por consiguiente, a la renta disponible de los ciudadanos. Cierto es que un tipo con ingresos de cientos de miles o incluso millones anuales no tendrá ningún problema para vivir de lujo si tiene que entregar el 60% a Hacienda. Pero seguirá siendo un atraco y, además, en tales casos, buscarán lugares donde no esté permitido el bandolerismo fiscal (algo que ya ocurre con altos directivos o estrellas del deporte y no digamos con patrimonios muy elevados)

Alguno podrá pensar que es el coste de tener un sistema de pensiones, una sanidad y educación gratuita, buenas infraestructuras y fuerzas del orden. Ya, pero con racionalidad. Cualquier carga fiscal que supere un 35% de los ingresos de un individuo es asalto a mano armada. Si un país no se puede permitir el lujo de tener aeropuertos en cada capital de provincia, AVE por doquier, prestar todos los servicios de salud totalmente gratis, aumentar las pensiones en función del IPC o subvencionar la industria local del cine pues no se hace y punto. No por que no sea bueno, simplemente por que no se puede. Es como una familia que debería comer sólo productos ecológicos y muy sanos pero no le llega el sueldo a final de mes y, para compensarlo, se dedica a atracar a los peatones que pasan cerca de su casa. Pues algo parecido es como actual el Estado.

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