Es recurrente la discusión sobre si pagamos pocos o muchos impuestos. Tratar de dar una respuesta absoluta es ciertamente complicado. No solo se trata de una cuestión relativa entre ciudadanos, incluso entre países, sino que además dependerá de los servicios que se obtengan por parte de la Administración.
Una cuestión muy distinta es que utilicemos sin más los parámetros que nos brindan, de vez en cuando, los políticos de turno. Lo más usual es que se refieran a la llamada “Presión fiscal” y hagan mención a si hay más o menos países con menor presión fiscal.
Nos dicen que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa. En concreto, según datos de Eurostat en 2016, un 34,1% frente a la media de la Unión Europea que fue de un 41,3%. Según dicha información, somos unos verdaderos privilegiados.
Pero vayamos despacio, que con las estadísticas es muy fácil cometer errores de bulto. Como decía George Bernard Shaw: “La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”.
De momento, el porcentaje de presión fiscal se obtiene como división entre lo recaudado por la administración y el PIB de un período de tiempo dado. Es decir, es la división entre los ingresos que obtiene el Estado, vía impuestos, tasas, tributos, etc., dividido por el valor monetario de todos los bienes producidos y servicios prestados durante dicho espacio temporal.
Vendría a ser como el porcentaje de la producción que se queda el Estado para sus cosas. Alguno podría pensar que el 34,1% no parece un porcentaje exagerado. Bien, es posible, pero hay que hacer algunas matizaciones adicionales. Por lo pronto, el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país (PIB) se refiere a lo que han producido las empresas (multinacionales, pymes o autónomos) y no a las rentas que han recibido los ciudadanos de un país. Según Eurostat, del 34,1%, solo el 2,3% procede de los impuestos por Sociedades. Y ya digo que subir los impuestos a las empresas (grandes, pequeñas o autónomos) es hacer muy mal negocio, ya que son las que generan puestos de trabajo y riqueza.
No nos queda más remedio que asumir que la presión fiscal sobre las rentas generadas por los ciudadanos en un período de tiempo (sean del tipo que sean: trabajo, pensión, rentas de capital o loterías del Estado) debe ser bastante mayor que el referido 34,1%.
Unos pocos números serán suficientes:
La retención, que asumiremos como una buena aproximación al tipo medio real, de un sueldo de más de 35.000€, es del 37%. Es decir, nos quedamos con el 73%, 25.550€. Pero antes de ingresarlos en la cuenta bancaria, tendremos que pagar la Seguridad Social (no voy a entrar en la carga para las empresas, aunque seguramente lo que ahora pagan lo podrían dedicar, aun en parte, a mejorar los salarios). Para evitarnos problemas, tomaremos la cuota media de autónomos para 2019 que es de 283€ al mes. Luego, doce cuotas serán 3.396€. Nos queda 22.154€. Bien, es lo que podemos gastar al año.
No estimado amigo. No es lo que podemos gastar en nuestro disfrute personal.
Cada producto que compremos estará gravado por el IVA. Es decir, el precio del producto que compramos está incrementado en un 21%. Cierto que hay productos con IVA reducido con un 4% (considerados de primera necesidad) y otros con el 10%, pero, la realidad es que los productos con IVA reducido son la excepción. Para no andar con discusiones estériles, dejaremos un IVA medio del 18% (siendo extremadamente generoso). En tal caso, lo que tendremos disponible, realmente, será el 82% de lo neto recibido en nuestra cuenta corriente, es decir, 18.166€.
Claro que no se acaban aquí las desdichas. Si solo fuera el IRPF, la Seguridad Social y el IVA, seríamos unos ricachones en potencia. Para evitar malas tentaciones y gastos superfluos, el Estado ha encontrado otro nicho de ingresos, los impuestos especiales. Parecen un ente del más allá y, además, no aparecen como impuestos por ningún lado. No se encuentran en las retenciones en nómina, no aparecen en ningún tipo de factura y nadie los ha podido ver. Pero no son pecata minuta. Todos han oído hablar de los impuestos especiales a los hidrocarburos que suponen más del 50% del precio que paga el consumidor y, evidentemente, no solo lo pagamos cuando llenamos el depósito de nuestro vehículo, sino también por cualquier producto que haya sido transportado hasta el punto de venta (el precio de venta incluye el coste del transporte, no podría ser de otra forma). Pero si nos vamos a los recibos de la luz, se puede comprobar que casi un 60% de lo que paga el consumidor final son impuestos. No necesitaré calcular cuánto de estos impuestos están repercutidos a los productos finales que los ciudadanos adquieren, pero ya anticipo que será el 100%.
Como somos muy comedidos en el gasto, podemos pensar que en gasolina y energía se gastan solo 100€ mensuales (es decir, 1.200 al año), como el 50% son impuestos, tendremos que nuestros 18.166€ se vuelven a reducir y se quedan en 17.566€. Como estoy rumboso, no voy a cuantificar las cargas fiscales de la energía transferidas por los productores en sus productos que, ya digo, no serán inferiores al 2% del valor de todos los servicios y productos que compramos.
Pero ya hemos acabado. Pues no. Nos quedan las tasas y tributos municipales. Tasas de circulación, tasas de recogida de basuras e IBI son los principales pero no los únicos. Tasas por utilización de la vía pública, por recogida especial de basura o multas de tráfico.
No quisiera extenderme, pero hay otro sinfín de métodos de recaudación que por no ser tan generalizados se suelen olvidar. No son pocos:
- Tasas por actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales
- Impuesto municipal sobre actividades económicas
- Impuestos sobre instalaciones, construcciones y obras
- Impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
- Impuestos sobre las bebidas alcohólicas
- Impuestos sobre el tabaco
- Tasas académicas
- Impuestos aduaneros (lo pagamos en el precio final del producto incrementado)
- Tasas variadas por renovar el DNI o el pasaporte, obtener algún certificado o hacer cualquier tipo de trámite especial en la Administración, incluidos servicios de bomberos
Me resulta imposible hacer una evaluación de lo que puede suponer, en media, esta interminable lista de tasas e impuestos. Pero asumiendo que alguna cerveza se tomará el más abstemio (con el impuesto sobre las bebidas con azúcar tratarán de ser más equitativos) o copita de cava en Navidades, alguna vez se tendrá que renovar el DNI o el pasaporte, alguna vez firmará una hipoteca (con su consecuente carga impositiva), pagará al año su tasa de circulación, ITV incluida, pagará alguna tasa de basuras (o su casero que para el caso es lo mismo) y el correspondiente IBI, amén de ser pillado por los radares y crucificado con alguna que otra multa, o pasarse media hora en el estacionamiento vigilado, voy a suponer unos 2.000€ al año (estoy que lo regalo). Nos quedan, por consiguiente: 15.566€ de nuestro sueldo original de 35.000.
No hay que hacer complejas integrales. El Estado se ha quedado con 19.434€. Se ha metido al bolsillo el 55% de los ingresos. Esto es la verdadera presión fiscal que, en mi modesta opinión, es pura confiscación. Pero no es que se quede con más de la mitad de la renta de la mayoría de los ciudadanos, es que, además, no tiene suficiente, y se comprueba con el crecimiento galopante de la deuda (la herencia de nuestros hijos).